Aprueban juicio político en contra de Sofía Martínez, ex presidenta del TSJEV

El Pleno del Congreso del Estado, erigido en jurado de acusación, aprobó el juicio político a la magistrada Sofía Martínez Huerta. Es la primera vez que se avala este procedimiento en contra de un funcionario en Veracruz.

Al respecto, se plantea su inhabilitación por un periodo de cinco años y su destitución, lo que todavía debe ser validado por el Poder Judicial.

Lo anterior al determinar que la togada afectó a los intereses públicos fundamentales y a su correcto despacho al usurpar funciones del Consejo de la Judicatura y remover al juez José Clemente Zorrilla Rostro de forma unilateral.

Cabe señalar que el Congreso del Estado, con 35 votos a favor, instruye el juicio político actuando como jurado de acusación, y ahora al Pleno del Tribunal Superior de Justicia fungirá como jurado de sentencia para que la inhabilitación y la destitución sean válidas.

El procedimiento se avaló con nueve votos en contra y ninguno en abstención. A favor votaron la mayoría de los diputados de Morena y legisladores de la oposición como los integrantes de la fracción PRI-PVEM, Erika Ayala, Andrea Yunes, Jorge Moreno, Rodrigo García Escalante y Antonio García Reyes.

También dieron su voto a favor el legislador Gonzalo Guízar Valladares, el independiente Alexis Sánchez García y la diputada de MC, Ivonne Trujillo Ortiz. En contra solo votaron ocho diputados del PAN y la perredista, Brianda Kristel Hernández Topete.

A la sesión extraordinaria con carácter de privada no acudió la magistrada Sofía Martínez Huerta, argumentando problemas de salud, de ahí que acudieron sus defensores Tomás Mundo y Víctor Alfonso Loyo Olivares.

La denuncia contra la magistrada fue presentada por el juez José Clemente Zorrilla Rostro, acusándola de usurpación de funciones debido a que sin la autorización del Consejo de la Judicatura y como presidenta del Poder Judicial, lo relevó del cargo y nombró a Óscar Hernández como su sucesor.

Defendido por la firma Aguirre & Montoya Abogados, el denunciante y su defensa aseguraron que se trata de un procedimiento que demuestra la imparcialidad del Congreso local.

Ahora que el Congreso, erigido en jurado de acusación, acordó que ha lugar a continuar el procedimiento, el acusado será puesto a disposición inmediata del Tribunal Superior de Justicia, al que deberá consignar el expediente que contiene la acusación y las constancias del procedimiento.

Por esta razón, la comisión Permanente Instructora sostendrá la acusación ante dicho tribunal, una vez que el Pleno de los magistrados declare que la Sala Constitucional se erige en Comisión de Enjuiciamiento, misma que dictará auto de radicación en el plazo de tres días posteriores a que le turne el Pleno el expediente y lo notificará por oficio, por conducto de la Secretaría General de Acuerdos, a la Comisión Permanente Instructora y al acusado.

La Comisión de Enjuiciamiento escuchará a la Comisión Permanente Instructora que sostiene la acusación y al acusado o su defensor. Asimismo, podrá disponer la práctica de las diligencias que considere necesarias para integrar su proyecto de resolución.