Habemus presidenta en PJ Veracruz

A temprana hora de este viernes queridos lectores veracruzanos, ustedes ya se habrán enterado por medios digitales y redes sociales -si es que no ocurre algo extraordinario- que la Presidencia del Poder Judicial de su estado, estará ahora en manos de la magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, quien en julio de 2020 tomo protesta como magistrada; se quedaron con las ganas, la prima del Gobernador Cuitláhuac y el aliado de la administradora de dicho poder, el magistrado Esteban Martínez.

El punto a favor de Lisbeth dice los trabajadores, es la experiencia que ya tiene al interior de dicho poder. Cierto es que más allá de quien presidirá, lo realmente importante consiste en su actuar y los cambios que habrá de generar -si es que los genera- al interior del Poder Judicial, pues éste poder se encuentra no solo de cabeza, sino en una caótica crisis económica.

Y es que, el problema en el que se encuentra el Poder Judicial de Veracruz, además de falta de recursos, radica en la corrupción de quienes han encabezado dicho instituto, ya sea como autores o bien cómplices, como es el caso de la actual administradora señalada de inflar la nómina con personal a modo, aduladores y aplaudidores y permitir que las ciudades judiciales marcadas por la corrupción continúen sin poner freno alguno a los pagos mensuales por obras mal hechas y a destiempo.

Los problemas del poder judicial continúan, se fue el PAN, llegó Morena y a 4 años de gobierno, todo sigue igual y el expresidente en total impunidad. En Veracruz ese poder y los otros de cabeza, pero quizás el más grave sea éste, pues se trata de la institución encargada de impartir justicia, resultando un contrasentido que sea ahí donde se comenten constantemente actos de ilegalidad.

La agenda de la presidenta ha iniciado, ahora habrá que ver si comienza por donde tiene que comenzar, poniendo orden y estableciendo mecanismo de control en la dirección de administración donde están acostumbrados -con Joana Marlene Bautista- a hacer y deshacer, a ordenar a los magistrados como sí se tratara de sus empleados y a gastar el dinero público en caprichos personales.

Si la presidenta no cuenta con la suficiente autonomía para ello, entonces se convertirá como lo hizo Isabel Inés Romero Cruz, en un títere sin voluntad propia; se sabe, dicen los veracruzanos o al menos se tiene la esperanza de que la ahora magistrada presidenta, sí de manotazo al interior.

Y ya que en temas de Veracruz y de justicia andamos habrá que mencionar que también ayer, por aquellas tierras se generó protesta al interior del Poder Legislativo por la negativa existente de la mayoría morenista para aprobar la Ley Monse que busca dejar sin área de acción a los responsables de feminicidio, sancionando con prisión a quien encubra a los presuntos responsables, así sean padres, hijos o parejas. Cierto, es una Ley compleja, que también podría potencializar el encarcelamiento de presuntos culpables.

Se busca así que la absolución, que hoy existe para padres, hijos, concubinos o amigos, del o los presuntos responsables, quede sin efectos y se responsabilice a quienes encubran, alcanzando hasta tres años de prisión.

Así fue como ayer en el congreso veracruzano hubo reclamos pues se había considerado que, desde este jueves, sería presentado ante el pleno del Congreso local, el Dictamen de reforma al Código Penal de Veracruz en materia de encubrimiento, denominado Ley Monse, pero no fue así.

La iniciativa quedó fuera del orden del día, lo que fue calificado por las Colectivas feministas como una omisión, una falta de respeto a las víctimas de este delito, un acto de ignorancia e incoherencia entre el discurso y el actuar de parte de los y las representantes de Morena.