El Lawfare, nuevo golpe blando

Primera parte

“Bajo la fachada de la lucha por la democracia, la libertad y contra la corrupción, mediante distintas modalidades de la guerra política-jurídica-parlamentaria-mediática (lawfare), América Latina vive una contraofensiva golpista contra gobiernos y proyectos que cuestionan -así sea tibiamente- la ortodoxia neoliberal, como parte de un proceso de desestabilización que no logra ocultar la larga mano de Washington y sus servicios de inteligencia en colusión con sectores plutocráticos y de ultraderecha nativos”. (Carlos Fazio. La Jornada.) Ver columna completa: https://www.jornada.com.mx/2022/12/12/opinion/019a1pol.

Recientemente en Los Periodistas, con Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, se entrevistó a la politóloga Arantxa Tirado sobre su nuevo libro El Lawfare, donde se analiza el origen de los golpes blandos, recientemente impulsados por el gran capital trasnacional, el gobierno de Estados Unidos y las organizaciones civiles, políticas, empresariales y eclesiásticas, en contra del vuelco democrático hacia gobiernos progresistas de izquierda, que ha pintado de rojo a toda América Latina, con excepción de Uruguay, Paraguay y Ecuador, al menos hasta el 2025, estos tres últimos.

La expresión golpe de estado blando, golpe suave o golpe no tradicional ha sido atribuida al politólogo estadounidense Gene Sharp, por nombrar a un conjunto de técnicas conspirativas, no frontales y principalmente no violentas, con el fin de desestabilizar a un gobierno y causar su caída, sin que parezca que ha sido consecuencia de la acción de otro poder, como el militar.

En algunas ocasiones, el golpe de estado blando se relaciona con la guerra jurídica o guerra judicial, cuando la desestabilización o derrocamiento del gobierno se realiza mediante mecanismos aparentemente legales de este tipo de corte forzado (coup de forcé) que se utiliza como alternativa al golpe de militar, que fuera muy utilizado hasta la década de 1990, pero que a partir de entonces ha perdido presencia y prestigio.

Como el mismo Sharp indica, se trata de combatir con armas psicológicas, sociales, económicas y políticas a gobiernos incómodos. La metodología se sustenta en la siguiente gradación: deslegitimación, debilitamiento, calentamiento en la calle y fractura institucional. En el debate parlamentario el bloque derechista siempre formula argumentos que nos recuerdan los métodos de Sharp: reiteradamente los exaltados conservadores acusaron desafiantes a gobiernos progresistas.

Los jefes de filas conservadores afirmaron que la oposición dura e intransigente que harán las derechas no tendrá otro objetivo que debilitar al gobierno por apoyarse en una mayoría parlamentaria en una pluralidad en el Congreso que no respeta la ley y las anunciadas movilizaciones en la calle y como consecuencia, proyectar la sombra de la fractura social.

Los nuevos golpes de Estado se basan en acusaciones basadas en difamaciones, denuncias falsas, manipulaciones, etc. donde los medios de comunicación masivas juegan un papel de gran importancia por su afán de manipular conciencias a toda costa y ponerse al servicio del gran capital.

El antecedente preliminar fue con el desafuero a Andrés Manuel López Obrador como jefe de Gobierno en el DF y el más reciente, el de Pedro Castillo presidente constitucional de Perú. Con el acoso mediático y judicial que se realiza en Argentina en contra de la vicepresidenta Cristina Fernández, con la persecución mediática, legislativa y judicial que depuso a Dilma Rousseff en Brasil y llevó a la cárcel al ahora presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva, así como con la ilegal destitución de Fernando Lugo en Paraguay.

Más aún, la destitución y el arresto de Castillo evocan las maquinaciones mediáticas y judiciales que antecedieron los golpes de Estado perpetrados en contra de José Manuel Zelaya (Honduras, 2009) y de Evo Morales (Bolivia, 2019). El denominador común de todos los mencionados es que son dirigentes progresistas que han buscado revertir en alguna medida las atroces injusticias sociales que padecen sus países y la vergonzosa sumisión a Washington que practican las oligarquías nativas cuando se hacen del poder político.

Al menos Bolivia, Honduras y Brasil recuperaron la visión de izquierda en sus recientes comicios electorales. Pero Argentina y Perú se reinicia la embestida de la ultraderecha. En México, se hicieron intentos de guerra judicial con las reformas Eléctrica y Electoral, pero continúa con el Plan B, de la ley para modificar al INE.

Arantxa Tirado lo explica así en su nuevo libro: “La oleada de gobiernos de izquierda que caracterizó a América Latina y el Caribe desde finales del siglo XX conformó un mapa geopolítico adverso a los intereses del sector público-privado estadounidense en la región. Para cambiar la correlación de fuerzas ha entrado en escena el lawfare o guerra judicial, un mecanismo aparentemente democrático y ajustado a derecho, por el que socavar el poder, la imagen y las posibilidades de reelección de los líderes de la izquierda.

Si en décadas precedentes los golpes de Estado clásicos sirvieron para impedir que la izquierda gobernante desplegara su agenda política desde las instituciones o, incluso, llegara a ocuparlas, hoy el lawfare ejerce una misma función, pero amparándose en la legalidad y manteniendo las apariencias democráticas. Un completo análisis de la herramienta jurídica puesta en marcha por el sistema para tratar de poner fin a los gobiernos de izquierda, elegidos democráticamente en América Latina en las últimas décadas”.

La verdad es que la guerra judicial no es sino una nueva forma perversa de golpe de estado, de golpe bajo para cerrar el paso a la soberanía popular y que los gobiernos y decisiones de éstos, en materia sobre todo económica, siga en manos de las élites. Se explican así la cantidad de procesos judiciales que se abren contra actuales o antiguos liderazgos que podrían volver a ganar elecciones en diferentes países. Se usan acusaciones basadas en difamaciones, denuncias falsas, manipulaciones, etc. donde los medios de comunicación masivas juegan un papel determinante para articular este tipo de campaña de criminalización y persecución judicial.

La ultraderecha desquiciada ante la pérdida del poder político y económico, se respalda como siempre con los medios de comunicación, la alta jerarquía eclesiástica, las organizaciones empresariales y la sociedad civil domesticada en el consumismo y la manipulación mediática.