El desdén a las madres buscadoras

Eran los primeros minutos del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez y prometía a las madres buscadoras que se terminaría el desinterés, la apatía y el trato inhumano que recibieron las familias de personas desaparecidas en los últimos dos gobiernos.

Prometió que sería distinto que con Duarte y con Yunes. A más de cuatro años de distancia, ese discurso resuena como una promesa incumplida, como desilusión del cambio que se supone representaba para atender este tema.

Pero remontémonos a ese 1 de diciembre del 2018, desde el Congreso del Estado, al tomar protesta como gobernador, Cuitláhuac García emitió la declaratoria de Programa Emergente por Crisis de Violaciones de Derechos Humanos en Materia de Desaparición de Personas en Veracruz, que incluía una serie de acciones encaminadas a la reconfiguración de las instituciones.

En ese momento, la entidad veracruzana era ya el estado de la República con el mayor número de fosas clandestinas, que en su gobierno se siguió abultando.

De acuerdo con el Cuarto Informe de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, en Veracruz se registraron 647 fosas clandestinas entre 2006 y el 24 de noviembre de 2022, el último corte hecho por la dependencia ese año.

Veracruz se colocaba a la cabeza y superaba en número de fosas clandestinas a Tamaulipas (547), Guerrero (489), Sinaloa (447) y Chihuahua (346). Y como los cementerios clandestinos, las desapariciones se siguieron acumulando.

Pero dando un paso al costado, fuera de la danza de cifras, hay un hecho que por sí mismo demuestra que el trato que se le da a las madres buscadoras desde las instituciones del Estado en Veracruz sigue siendo de desdén: la ineficacia que prevalece en la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB).

Las propias madres del colectivo Solecito de Veracruz lo expresan: estábamos mejor antes de que existiera esa comisión. La CEB se convirtió en un elefante blanco que llegó a engrosar el aparato burocrático, sin dar el acompañamiento real a las familias que buscan a sus familiares.

Este organismo no cuenta siquiera con una o un titular, la responsabilidad recae sobre una encargada de despacho, Brenda Cerón, que, de acuerdo con lo compartido por colectivos como Justicia y Dignidad por Veracruz, no cumple con las funciones que debería y solo asume su papel cuando lo ve conveniente.

No solo eso, la encargada de despacho es señalada por este y otros colectivos, de borrar de un plumazo los pocos avances que se tenían. Recientemente ordenó el despido de personal que en los últimos años se especializó en los trabajos de búsqueda. No fue un tema de eficiencia presupuestal, ya que las plazas fueron cubiertas, fue más bien para ubicar a amigos que necesitaban un empleo.

La incompetencia del organismo estatal es medianamente subsanada por su par en el ámbito federal, la Comisión Nacional de Búsqueda es el organismo al que colectivos han recurrido para hacer más eficiente el rastreo de sus familiares, de sus hijos, de sus tesoros.

Este 10 de mayo, las madres buscadoras salen a las calles a gritar el nombre de sus hijos, desesperadas para ser escuchadas, en medio de promesas huecas y de instituciones que no pudieron atender la crisis.

Está próximo el 2024 y la sucesión en el gobierno del estado, si Cuitláhuac García quiere y no está pensando en lo electoral, puede cambiar las cosas, aunque con una advertencia, deberá recuperar la confianza perdida de los colectivos que ya quieren que se vaya para que haya un cambio en la CEB y en el trato que reciben.