Crónicas del Poder: Reforma al poder judicial: las letras chiquitas

2024-09-30 | 07:00 a.m.

Sin impacto en las fiscalías estatales, donde ocurren el 80% de los casos en el país.
Deficiencias presupuestarias y calidad de la justicia.
Lo bueno: Meritocracia y transparencia en el Poder Judicial.
La judicialización de la justicia, lo que viene.
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Cuando se le pregunta a Rodolfo De la Guardia García si la reforma al poder judicial tendrá algún impacto directo en las fiscalías estatales del país, su respuesta es contundente:

—"Ninguna", dice sin titubear.

De la Guardia García, egresado con mención honorífica de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue entrevistado en el programa Diálogos de Diario del Istmo, donde explicó las implicaciones de la reforma al Poder Judicial y su posible impacto en la estructura judicial mexicana.

Según el experto, esta reforma plantea retos importantes para la independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y podría afectar la relación entre el Poder Judicial y los otros poderes del Estado.

De la Guardia García enfatizó que es crucial que los ciudadanos comprendan los cambios propuestos, ya que sus implicaciones no solo se limitan al ámbito federal, sino que también tienen repercusiones en las fiscalías estatales.

Es importante destacar que el 80% de los casos judiciales que involucran a ciudadanos comunes se gestionan en estas fiscalías estatales, lo que subraya la necesidad de su buen funcionamiento.

Sin embargo, para el autor del libro “Manual de Extradición. El Sistema Penal Adversarial y su Implementación en el Proceso de Extradición”, el cambio en la composición del Poder Judicial, que incluye la elección de nuevos jueces, magistrados y ministros, no influye directamente en la infraestructura ni en la calidad de las investigaciones que se llevan a cabo en las fiscalías estatales.

De la Guardia va más allá y asegura que la reforma parece centrarse en los niveles más altos del sistema judicial, pero las deficiencias en la investigación de delitos graves como homicidios, robos y feminicidios en las fiscalías estatales seguirán sin resolverse.

Sin una mejora significativa en la capacitación de los agentes del Ministerio Público, los peritos y los recursos disponibles para llevar a cabo investigaciones adecuadas, esta reforma no mejorará el acceso a la justicia para el ciudadano promedio.

DEFICIENCIAS PRESUPUESTARIAS Y CALIDAD DE LA JUSTICIA

Otro de los aspectos críticos señalados por De La Guardia García es el tema del presupuesto. Para que el sistema judicial funcione correctamente, es necesario que jueces, magistrados y fiscales cuenten con los recursos adecuados para llevar a cabo investigaciones y emitir dictámenes justos.

Sin embargo, en muchos estados los juzgados y las fiscalías carecen de servicios básicos, como acceso a internet, lo que retrasa los procesos judiciales y afecta la calidad de la justicia.

La idea de la justicia digital ha sido mencionada como una solución para modernizar el sistema, pero su implementación no es uniforme en todo el país.

En muchas fiscalías, los recursos esenciales para llevar a cabo investigaciones eficientes, como viáticos para los peritos o tecnología para realizar dictámenes periciales, no están disponibles. Como resultado, la calidad de las investigaciones es deficiente, lo que disminuye la posibilidad de obtener sentencias justas.

La autonomía presupuestaria del Poder Judicial es vista como un factor clave para garantizar su independencia y evitar que dependa de decisiones económicas externas.

Sin embargo, esta autonomía no ha sido lograda en su totalidad, lo que genera vulnerabilidad ante posibles recortes presupuestarios, afectando la infraestructura y la operación del sistema judicial.

"En este contexto, la reforma al Poder Judicial parece insuficiente si no se acompaña de una inyección de recursos adecuada que permita mejorar los servicios en las fiscalías y garantizar un acceso a la justicia de calidad", afirmó De la Guardia García durante la entrevista.

MERITOCRACIA Y TRANSPARENCIA EN EL PODER JUDICIAL

El Doctor en Derecho destaca un aspecto positivo de la reforma, según algunos expertos: la propuesta de implementar un sistema de meritocracia dentro del Poder Judicial. De acuerdo con esta idea, las designaciones de jueces y magistrados ya no estarían basadas en relaciones personales o políticas, sino en concursos de oposición que premien la capacidad y experiencia de los candidatos.

De este modo, quienes ocupen cargos de responsabilidad dentro del sistema judicial lo harán por sus méritos y no por su cercanía a actores políticos.

La reforma también fomenta la transparencia en los procedimientos judiciales. Esto implica que las audiencias y las decisiones de los jueces sean públicas, permitiendo que tanto la ciudadanía como la comunidad jurídica comprendan cómo se toman las decisiones y en qué se basan.

La transparencia es vista como un mecanismo clave para restaurar la confianza en el sistema judicial, que ha sido socavada por décadas de corrupción y opacidad. Sin embargo, la implementación de estos principios aún enfrenta obstáculos.

“En muchos casos, las audiencias y deliberaciones de los jueces no se llevan a cabo de manera pública, y a menudo se les niega a los interesados la posibilidad de presenciar el proceso. Existen excepciones justificadas, como en los casos de delitos sexuales, pero en la mayoría de los procesos judiciales, la publicidad de las decisiones es esencial para garantizar la rendición de cuentas", explicó De la Guardia.

LA JUDICIALIZACIÓN DE LA JUSTICIA, LO QUE VIENE

Durante la entrevista, también se discutió la ruta que seguirá el proceso electoral del Poder Judicial hacia 2025 y las posibles formas legales de frenarla. En este contexto, una jueza en Coatzacoalcos ha marcado una pauta importante.

De la Guardia García comentó que la jueza de distrito décimo noveno en el estado de Veracruz dictó una resolución en un amparo indirecto relacionado con la reforma judicial.

La resolución, emitida el 20 de septiembre en el expediente 823/2023, ordena la suspensión definitiva con efectos restitutorios para que las autoridades federales eliminen la publicación del decreto de reforma constitucional realizada el 15 de septiembre de 2024.

Es probable que la Consejería Jurídica interponga un recurso de revisión, lo que marcará el inicio de un intenso debate jurídico que coincidirá con las elecciones concurrentes de 2025 en Veracruz y Durango. Este entorno político estará cargado de mensajes en torno al futuro del Poder Judicial.

"Estamos apenas leyendo las letras chiquitas de la reforma", señaló De La Guardia, anticipando que el proceso electoral del Poder Judicial y su judicialización serán los temas a seguir.