La extinción legal de la figura de contrato mediante estrategias de outsourcing, dejará sin empleo a más de 120 trabajadores asignados a la caseta de cobro de Acayucan que operan a favor de Caminos y puentes federales.
Varios de estos, con más de una década de antigüedad laboral, han sido avisados que sus puestos serán relevados por la de otros que ya están siendo capacitados para ocupar su lugar mediante el contrato directo de parte de Caminos y puentes federales (Capufe) y no de la empresa para la que laboral oficialmente aunque hagan labores de ese organismo federal, que tiene la concesión de la autopista Cosoleacaque-La Tinaja.
La incertidumbre es por no saber de qué manera se dará su liquidación, si se respetará la antigüedad laboral o si habrán de ser recontratados para otras áreas, pues las que ocupan, fueron avisados, será para otras personas que serán ingresados a la plantilla oficial de trabajadores.
Y es que, según los empleados en riesgo, hay dos empresas que son los patrones de la mayoría de los trabajadores al servicio de Capufe, y ante la eliminación de la figura del outsourcing, se liquidará a esas dos compañías y con eso, también a quienes trabajan para ambas.
Entre los afectados están el personal administrativo, cajeros, operadores y personal de mantenimiento y auxilio.
Este problema sería en todas las autopistas que opera Capufe, por lo que el numero de despedido será de miles de trabajadores.
El outsourcing o subcontratación en México quedó considerada ilegal desde el primero de septiembre del 2021.
La figura desubcontratación u outsourcing es un esquema laboral bajo el cual una empresa terceriza el servicio de contratación. Si trabajas para una empresa pero tu contrato no lo firma dicha compañía, sino otra, es posible que estés laborando bajo el esquema de outsourcingo subcontratación laboral.
La reforma prohíbe la subcontratación de personal, es decir, cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra.
Habrá sanciones más severas para el outsourcing ilegal: se equipara a defraudación fiscal; se fijaron multas de 173 mil a 4 millones de pesos, a quienes incumplan con las nuevas disposiciones, y se prohíbe la deducción de impuestos.
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