El Gobierno Municipal de Las Choapas, encabezado por la alcaldesa Mariela Hernández, enfrenta serios cuestionamientos tras los resultados de la fiscalización realizada a la Cuenta Pública del 2023.
El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) ha revelado que no se pudieron solventar observaciones que presumen un daño patrimonial de 47 millones 498 mil 321.28 pesos, un golpe directo a la Hacienda Pública.
Este daño patrimonial, que se desprende de irregularidades tanto en el manejo de los recursos financieros presupuestales como en la ejecución de obra pública, no es solo un número alarmante, sino el reflejo de la ineficiencia en la administración local.
A pesar de los esfuerzos del ente fiscalizado por presentar aclaraciones y documentación justificativa, el ORFIS concluyó que las pruebas fueron insuficientes para eliminar las sospechas de mal manejo de recursos.
La magnitud del daño es evidente: más de $42 millones corresponden a observaciones técnicas en obra pública, lo que levanta serias dudas sobre la transparencia y calidad de los proyectos ejecutados durante el año fiscal.
El fallo en la fiscalización no solo apunta a posibles faltas administrativas, sino a una clara señal de desorganización y falta de controles en el gobierno municipal. Este tipo de ineficiencia y desatención en el uso de los recursos públicos es un claro indicativo de una administración que no ha sabido cumplir con su deber de manejar los fondos de manera responsable y transparente.
La ciudadanía de Las Choapas es quien sufre las consecuencias de una gestión que parece estar más enfocada en justificar irregularidades que en garantizar el bienestar de la población.
El daño patrimonial a la administración actual no solo afecta las arcas municipales, sino la calidad de vida de las y los choapenses, quienes ven en estos resultados una nueva prueba del mal manejo de su gobierno local.
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