La detención del activista social Víctor Pérez Guerrero, se realizó de manera ilegal y violenta, aseguró Arturo Castillejos García, integrante de la ‘Resistencia Ciudadana Nacional’.
Abundó que la detención incurrió en actos de “abuso de poder” por parte de las autoridades dentro de un restaurante de Coatzacoalcos, donde, según declaraciones de Castillejos García, un contingente de aproximadamente 50 agentes de la policía estatal y ministerial llegó al lugar para realizar la aprehensión. El operativo que incluyó más de 30 patrullas, se desarrolló con un uso excesivo de la fuerza, comenzando con la entrada violenta de los policías, quienes agredieron a la recepcionista del establecimiento.
Los policías, sin presentar documentación alguna ni explicar las razones del operativo, procedieron a apuntar con armas a los comensales, incluidos niños y ancianos, obligándolos a tirarse al suelo, provocando pánico entre las personas, con gritos y llantos de los niños.
Agregó que Pérez Guerrero y otra persona identificada como ‘Vicente N’ fueron subidos a una camioneta blanca, con vidrios polarizados y sin placas.
Otros activistas, incluso que apenas llegaban al lugar, fueron detenidos sin ninguna justificación, para luego ser severamente golpeados y exigirles un pago de hasta 500 mil pesos por cada uno para que fueran liberados.
Detalló también que en el momento de la detención, no se presentó orden de aprehensión, ni se le informaron los derechos a Pérez Guerrero, quien permaneció ‘desaparecido’ durante varias horas, ya que las autoridades ministeriales en primera instancia negaron que ellos lo tuvieran.
Consideró que se estarían aplicando actos de presión por parte del gobierno estatal contra el fundador de la ‘Resistencia Ciudadana Nacional’, una plataforma dedicada a la denuncia de abusos por parte de servidores públicos.
Castillejos García recordó que la lucha de Pérez Guerrero comenzó hace tres años, tras recibir quejas de ciudadanos en Las Choapas sobre corrupción en la delegación de tránsito de ese lugar, donde se reportaba la exigencia por parte de los uniformados de entre cinco y diez mil pesos.
Por esa razón, más de seis mil firmas de choapenses se sumaron para exigir la destitución de todos los agentes corruptos y promovió una defensa activa de los derechos de los conductores sin fines de lucro.
Por último, el entrevistado, aseveró que piden respeto a los derechos humanos y el debido proceso en el caso de Pérez Guerrero.
MIGUEL A. RODRÍGUEZ/IMAGEN DEL GOLFO
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