A pesar de que la alcaldesa de Las Choapas, Mariela Hernández García, presumió hace unos días ante la gobernadora Rocío Nahle que el municipio es el número uno en producción pecuaria, la realidad para ganaderos y carniceros locales es muy distinta.
El rastro municipal opera en condiciones precarias, sin energía eléctrica y con instalaciones en mal estado, mientras el Ayuntamiento impone nuevas tarifas a quienes dependen de este espacio para su actividad económica.
Los productores han denunciado que, a pesar de que el rastro genera ingresos superiores a un millón de pesos anuales, estos recursos no se reflejan en mejoras a la infraestructura.
Las instalaciones presentan filtraciones, condiciones insalubres y carecen de servicios básicos, como la energía eléctrica.
Además, el Ayuntamiento canceló la construcción de un nuevo rastro en la colonia J. Mario Rosado, un proyecto que había sido anunciado en 2024 y que representaba una solución a la problemática actual.
Ante esta situación, ganaderos y carniceros han decidido no pagar los permisos municipales de sacrificio hasta que se resuelva el tema del acceso y las tarifas impuestas.
También han asegurado que no incrementarán el precio de la carne para no afectar a los consumidores.
La imposición de cobros injustificados y la falta de condiciones adecuadas en el rastro municipal evidencian un Ayuntamiento que, en lugar de garantizar mejores servicios, sigue aplicando medidas que afectan a los trabajadores del sector pecuario y a la economía local.
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