La alcaldesa Mariela Hernández García desató polémica tras proceder legalmente contra un grupo de padres de familia que buscaban mejorar las instalaciones de la escuela primaria 18 de Marzo.
Según la versión oficial del municipio, los tutores realizaron obras en un predio que, aseguran las autoridades, pertenece al ayuntamiento, lo que fue catalogado como una "invasión y daño a la propiedad pública".
El pasado sábado, Pedro Domínguez, representante jurídico del ayuntamiento, notificó a los padres que su construcción —una barda de acceso que facilitaría el ingreso de estudiantes— no contaba con permisos y que se realizaba sobre un terreno municipal.
Tras estallar este conflicto, a los vecinos se les habían señalado su disposición al diálogo, pero este martes, la alcaldesa Mariela Hernández García, anunció que se interpuso una denuncia en contra de los padres de familia, a quien o quienes resulten responsables.
Durante una entrevista, Hernández García justificó el proceder legal y advirtió a los involucrados que consulten a sus abogados, porque los van a necesitar, estas mismas declaraciones fueron tomadas por los tutores como un ´reto´ que empeora la tensión entre el gobierno y los ciudadanos.
Pese a ello, la sociedad civil y vecinos de diversas colonias, expresaron su respaldo a los padres de familia, quienes organizan rondas de vigilancia nocturna en el plantel para evitar que las autoridades municipales intenten intervenir de manera arbitraria o intimidatoria.
Algunos han señalado que, lejos de buscar soluciones conjuntas, la administración municipal ha optado por criminalizar a quienes intentan suplir las carencias en los servicios básicos del colegio.
Los ahora denunciados argumentan que las mejoras son urgentes y responden a las necesidades de los estudiantes, mientras que el ayuntamiento sostiene que se trató de una invasión injustificada.
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