Comisiones unidas del Senado de la República aprobaron de manera unánime por 37 votos, que México pueda tener una empresa de ferrocarriles para brindar el servicio de transporte de pasajeros en todo el país y considerar el servicio como "área prioritaria para el desarrollo nacional".
La reforma constitucional, a la que solo falta su aprobación en el pleno del Senado para que concluya el proceso legislativo federal y salga su recorrido de los congresos estatales, establece que "el Estado Mexicano retoma el derecho de utilizar las vías ferroviarias para prestar el servicio de transporte de pasajeros. Para ello, el Ejecutivo Federal podrá otorgar asignaciones a empresas públicas o concesiones a particulares".
Asimismo, el cambio al artículo 28 de la constitución especifica que "la comunicacio´n vi´a sate´lite y los ferrocarriles, tanto para transporte de pasajeros como de carga, son a´reas prioritarias para el desarrollo nacional en los te´rminos del arti´culo 25 de esta Constitucio´n; el Estado al ejercer en ellas su rectori´a, protegera´ la seguridad y la soberani´a de la Nacio´n, y al otorgar asignaciones, concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia".
En su régimen transitorio pondera que "los particulares que cuenten con concesiones para prestar el servicio de transporte ferroviario de carga podrán obtener concesiones para prestar el servicio de transporte ferroviario de pasajeros. En cualquier caso, se dará preferencia al servicio de transporte ferroviario de pasajeros, en términos de lo que determine la legislación".
Por su parte, Laura Estrada, de Morena aseguró que "el día de hoy nos reunimos para regresarle al pueblo lo robado: el transporte ferroviario; un pilar de nuestro desarrollo económico y social y devolverlo a donde siempre ha pertenecido: al servicio del pueblo".
Mayui Latifa Martínez, del PAN dio a conocer el voto en favor de "esta gran reforma en materia ferroviaria", no obstante, planteó la necesidad de que el Gobierno Federal se apegue a la legalidad; que efectúe proyectos ejecutivos, que procure el medio ambiente y que también los gastos sean transparentes.
Carolina Viggiano, del PRI, manifestó su respaldo para esta reforma y confió en que los proyectos sean atractivos para que participen distintos inversionistas y que en verdad den un servicio de calidad y eficiente.
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