¿Cómo afecta la aprobación de la reforma a la Ley de Amparo en el Senado?

En una sesión marcada por la controversia y la división política, el Senado de la República aprobó con 69 votos a favor y 42 en contra una serie de reformas a la Ley de Amparo. Estos cambios, centrados en los artículos 129 y 148 de la ley, causan un intenso debate sobre el equilibrio de poderes y el papel del Poder Judicial en el sistema democrático de México.

Esta reforma tiene la meta de restringir la facultad de los jueces para suspender leyes de forma provisional y definitiva que hayan sido impugnadas por medio del amparo.

Si bien se asegura que el derecho al amparo seguirá garantizado, los detractores, quienes son mayormente legisladores de oposición, señalan que estas modificaciones son un intento del gobierno de Andrés Manuel López Obrador por proteger la realización de obras y el establecimiento de reformas constitucionales, incluso si estas presentan supuestas irregularidades.

De acuerdo a los opositores, esta medida se trata de una venganza del jefe del Ejecutivo hacia los jueces que han cuestionado y frenado algunas de sus propuestas legislativas. Entre ellas se destacan la reforma electoral hecha en el 2022, así como el ‘Plan B’ de la misma presentada en febrero del pasado año 2023.

Por su parte, Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena y proponente de la iniciativa justifica la reforma como un intento de asegurar que el Poder Judicial respete las decisiones del Legislativo. Expone que las reformas votadas en el Congreso, pertenecientes a la Cámara de Diputados y el Senado, no deben limitarse por juicios de amparo que podrían parar su implementación.

Así pues, estas resoluciones del Poder Judicial han sido usadas para suspender tramos del proyecto del Tren Maya y otras obras, además para parar la aplicación de ciertas leyes a causa de irregularidades detectadas.

La aprobación de estas reformas levanta un acalorado debate sobre la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial en la República. Mientras que algunos piensan que estas modificaciones son un necesario equilibrio para prevenir abusos judiciales, otros las interpretan como una forma para socavar el control y la supervisión judicial sobre las decisiones del Ejecutivo y Legislativo.