El pasado 5 de septiembre, el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un informe sobre lo que considera “el único caso de corrupción de esta Administración”, el fraude que se registró en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), el cual abrió un boquete de nueve mil 500 millones de pesos (mdp), aunque hasta el momento sólo se han “aclarado y recuperado” cuatro mil 700, es decir, un 50 por ciento del monto total.
“Como se informó aquí, el 18 de agosto de 2022 y el 29 de junio de 2023, los actos de fiscalización realizados por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a las Cuentas Públicas 2019 y 2020, que fueron los años en los que se dio la crisis administrativa, dieron como resultado observaciones con indicios de irregularidades por nueve mil 500 millones de pesos de posible daño patrimonial observado”, dijo Roberto Salcedo Aquino, Secretario de la Función Pública.
“Segalmex inició sus operaciones haciendo uso de las estructuras de recursos de Diconsa y Liconsa, así como de la regulación vigente de ambas instituciones. Sin embargo, la falta de definición y armonización de las competencias y atribuciones de las tres entidades, y la obsolescencia de sus sistemas informáticos, entre otros factores, ocasionaron una crisis administrativa”, sostuvo el funcionario.
En su oportunidad, Grisel Galeano García, responsable de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), aseveró que en este Gobierno no se tolera la impunidad y que ejemplo de ello es la presentación de 156 denuncias, que comprenden dos mil 700 millones comprobados como daño patrimonial.
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