Los abogados de García Luna piden aplazar sentencia; revisarán “material relevante”

La defensa del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, solicitó al Juez Brian Cogan un aplazamiento en el periodo para los procedimientos previos a la sentencia, tras la llegada de “nueva evidencia que jugaría en su favor”.

Los abogados del entonces Secretario durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa aseguraron que, luego de que se dictara un veredicto en contra de García Luna en su juicio en Brooklyn, diversos exfuncionarios de México y Estados Unidos los contactaron con el fin de proporcionar nueva información que podría resultar útil para plantear un nuevo juicio y demostrar la inocencia de su cliente.

“Parece que mientras más personas se enteraron de la naturaleza de la evidencia en contra del señor García Luna, aún más exfuncionarios y otras personas nos contactaron con información que creen que habría sido de ayuda para la defensa en el juicio”, señalaron en una carta firmada por todos los representantes legales de García Luna.

Luego de que fuera declarado culpable de tráfico de cocaína por un jurado en la ciudad de Nueva York a inicios de 2023, se estimaba que para el 7 de julio hubiera una presentación de mociones para posteriormente la dictaminación de la sentencia el 27 de septiembre de este año.

Sin embargo, los abogados de Genaro García Luna solicitaron los reacomodos de fechas de la siguiente manera:

• Presentación de mociones: del 7 de julio al 15 de diciembre de 2023.
• Respuesta de las autoridades: del 4 de agosto de 2023 al 19 de enero de 2024.
• Respuesta de la defensa: del 18 de agosto de 2023 al 2 de febrero de 2024.
• Dictaminación de la sentencia: del 27 de septiembre de 2023 al 1 de marzo de 2024.

El juicio que el Gobierno mexicano abrió en Florida en contra de la trama de corrupción transexenal encabezada por Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública que espera su condena por narcotráfico en aquel país, sí procederá, informó el pasado 16 de junio Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.

El Gobierno mexicano recurrió a una demanda que pedía que el dinero que se llevaron con contratos en los dos sexenios pasados, unos 700 millones de dólares, pueda volver al país. Pero los defensores de García Luna presentaron un recurso diciendo que la Corte de Florida no tenía capacidad jurídica. Eso hizo que se suspendiera el juicio mientras se resolvía en otro Tribunal.

“Ese otro Tribunal ya resolvió y queremos decirles que ya no tienen recurso, es definitivo, ya es inatacable, el juicio para la devolución de los recursos de México por parte de esta trama de corrupción se va a llevar a cabo”, dijo Gómez Álvarez durante la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Habrá juicio sin duda alguna, viene el momento en el que el Juez exija a los demandados que presenten una respuesta a las pretensiones del Gobierno de México y, una vez que esto ocurra, se integra el jurado, se abre propiamente el juicio y viene el veredicto del jurado y decisión del Juez”, explicó el titular de la UIF.

La demanda incluye a ocho personas, incluido García Luna, titular de Seguridad Pública con Felipe Calderón, así como su esposa, Linda Cristina Pereyra; además, incluye a  Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Sylvia Donna Pinto de Weinberg, Natan Wancier Taub, José Francisco Niembro González y Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro.

Las empresas incluidas son Nunvav Inc. (empresa panameña, propiedad de los Weimbere), Nunvav technologies Inc. S.A. (empresa panameña, central en la contratación ilícita), Gull Holding Enterpises Inc. S.A. (empresa vinculada a los Weimberg para triangular recursos) y Glac Security Consulting Technology (empresa de García Luna y su esposa).

Esta última, detalló Gómez Álvarez, tuvo una “actividad que destaca mucho: le cobraron a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México más de 26 millones de un supuesto adeudo pero no hay papeles, nunca hubo adeudo, simplemente llegaron y cobraron”.

“Es transexenal esta trama de García Luna, no se quedó en el tiempo en que fue Secretario de Seguridad Pública, siguieron operando con el nuevo Gobierno [de Enrique Peña Nieto], es un caso concreto de como operaba la corrupción en los últimos 60 años, aunque me quedo corto, comenzó en la década de los 50”, explicó.

El caso había quedado suspendido el 1 de noviembre de 2022 como parte de la espera en que se decidiera si la impugnación, presentada por la familia de empresarios Weinberg, procedía o no.