Las autoridades federales alertaron de planes de acciones violentas de ultraderechistas pro-Trump que incluyen intentos de asesinato de legisladores en torno a la transición del Poder Ejecutivo, cuando el estado mayor de Estados Unidos condenó el asalto al Capitolio como un ataque contra la democracia y reiteró su compromiso con la defensa de la Constitución contra “enemigos extranjeros y domésticos”, y la Cámara de Representantes aceleró el proceso de destitución del presidente.
La policía del Capitolio informó la noche del lunes a legisladores sobre mayores detalles de posibles acciones armadas de ultraderechistas en los próximos días, entre ellas un complot para rodear el Capitolio y asesinar a legisladores demócratas y algunos republicanos. Otra es una manifestación que declara ser “la protesta armada más grande jamás vista en tierra estadunidense”. Según legisladores en la teleconferencia, hay preparativos entre fuerzas de seguridad para enfrentar posibles combates en las calles de Washington.
En un mensaje conjunto del Estado Mayor a las fuerzas armadas que encabezan –y aparentemente a su actual comandante en jefe– condenaron la toma de la semana pasada como “una asalto directo al Congreso… y a nuestro proceso constitucional”. El mando supremo, conformado por siete generales y un almirante, agregó que “los derechos de libertad de expresión… no otorgan a nadie el derecho a recurrir a la violencia, la sedición y la insurrección”. Aseguraron: “apoyamos y defendemos la Constitución. Cualquier acto para irrumpir el proceso constitucional no es sólo uno contra nuestras tradiciones, valores y juramento, es contra la ley”.
Proclaman que el 20 de enero “el presidente electo Biden rendirá protesta y se convertirá en nuestro 46 comandante en jefe”.
Mientras, el Congreso avanzó en el proceso de la destitución del comandante en jefe 45. Después de que el vicepresidente Mike Pence informó a la presidenta de la cámara baja, la demócrata Nancy Pelosi, que no invocará la Enmienda 25 constitucional –la cual permite que el vicepresidente y una mayoría del gabinete le retiren los poderes a un presidente que consideran incapacitado o peligroso– porque considera que “no está en el mejor interés de nuestra nación”, la cámara buscará aprobar este miércoles el “artículo de impeachment”, que en esencia acusa a Trump de intentar un golpe de Estado al incitar una “insurrección” para frenar el proceso de certificación de los resultados del voto presidencial.
El informe preparado por el Comité Judicial de la cámara baja, de 74 páginas, elabora los argumentos y la justificación legal a tomar, describiendo al presidente como “un peligro claro y presente a la Constitución y nuestra democracia”.
La medida ya cuenta con la mayoría simple para su aprobación sólo con los votos demócratas. Este martes, tres republicanos –incluyendo a Liz Cheney, hija del ex vicepresidente Dick Cheney, quien ocupa el tercer rango más alto entre la minoría republicana del Congreso– han expresado que votarán con los demócratas para el impeachment de Trump.
La diputada Cheney afirmó que “nunca ha habido una traición mayor de un presidente de Estados Unidos a su puesto y su juramento a la Constitución”. Trump, añadió, “convocó a esta turba, la congregó y prendió la flama de este ataque” sobre el Capitolio el pasado día 6.
Al aprobarse se procede a lo que sería un segundo juicio político de un presidente, algo sin precedente en la historia del país. Pelosi ya designó a nueve de sus colegas que serán los encargados de presentar los cargos en el juicio ante el Senado. Para ser destituido ahí, se requiere el voto de dos tercios de los senadores; eso implica que se necesitarían además de los 50 demócratas, 17 republicanos.
Al respecto, circulan versiones de que el aún líder de la mayoría republicana (será minoría a partir del 20 de enero) Mitch McConnell ha expresado en privado que favorece el proceso de impeachment –algo que obviamente deseaba que se filtrara–, ya que eso ayudaría a reducir la influencia de Trump en el partido en el futuro.
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