Tras la conclusión de la audiencia inicial y a pesar del respaldo del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), así como de observadores del representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la jueza Angélica “N” fue vinculada a proceso.
El Juez de Control, Roberto Santos Maldonado, impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada por un año y concedió la investigación complementaria de tres años.
Al inicio de la audiencia, Santos Maldonado negó que el personal del IFDP formara parte de la representación legal de Angélica “N” y que los observadores pudieran vigilar su actuar.
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