El supuesto juicio en el que el gobierno federal arrebata al Poder Judicial de Veracruz el edificio que ocupa la Ciudad Judicial de Veracruz en este puerto es una mentira, porque ese predio no es propiedad federal y existe una escritura pública a favor del estado de Veracruz.
Vicente Octavio Pozos Marín, presidente del Colegio del Foro de Licenciados, Especialistas, Maestros y Doctores en Derecho de Veracruz refutó a quienes rumoran que el inmueble de la colonia Ortiz Rubio en la ciudad de Veracruz es de Petróleos Mexicanos es falso.
Indicó que se dice que le habrían ganado un juicio al Poder Judicial del Estado de Veracruz y por ende, juzgados y demás oficinas ubicadas en su interior deben desalojarlo o los lanzarán, es decir, en ese rumor se basan para difundir el otro.
Por ello, del rumor que se manifestó sobre el supuesto futuro traslado de juzgados de Veracruz a Medellín de Bravo, alegó el abogado.
El presidente del Colegio del Foro de Licenciados, Especialistas, Maestros y Doctores en Derecho dijo que en el año 2008 sus integrantes gestionaron la donación de ese predio situado en la colonia Ortiz Rubio, ante el ayuntamiento de Veracruz a favor del gobierno del estado de Veracruz.
Es decir, se trataba de una propiedad municipal, no federal y por lo tanto Pemex nada tenía que ver, puntualizó.
La gestión inició en el gobierno municipal de Jon Rementería Sempé, con el apoyo de la entonces síndica Rosa María Jácome, y se concretó en el ayuntamiento a cargo de Carolina Gudiño Corro.
"Hasta el día de hoy no existe ningún expediente en ningún juzgado de distrito, que son juzgados federales, que haya demandado al Poder Judicial del Estado de Veracruz, pidiendo la desocupación, entrega y actualmente el desalojo de ese inmueble", puntualizó Pozos Marín.
Recalcó que lo correcto es ir al Registro Público de la Propiedad para corroborar la verdad directamente del libro en el que se asentó el traslado de dominio producto de la donación municipal a favor del gobierno del Estado, para construir la Ciudad Judicial.
Además, para que el gobierno del estado enajenara el inmueble se requirió la autorización de la Legislatura del Estado (Congreso del Estado), y no podrían hacerlo si fuese una propiedad federal, abundó el abogado.
Pozos Marín lamentó que los profesionales del Derecho se hagan eco de rumores en vez de acudir a las pruebas documentales.
Dijo finalmente que existe otra donación en la misma zona, de modo que quienes quieran hacer escándalo primero deberán documentarlo con pruebas fehacientes.
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