Gobierno analiza implementar 'rescate financiero' para Poder Judicial de Veracruz

El Gobierno del Estado analiza implementar un rescate financiero para el Poder Judicial, aunque la medida implicaría posponer o cancelar programas en distintas dependencias estatales según confirmó el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco.

Cabe señalar que, sin importar que en las últimas semanas el Poder Judicial de Veracruz implementó reducción de salarios de magistrados y altos funcionarios; así como el cierre de 29 juzgados en diferentes jurisdicciones del Estado y otras medidas de austeridad, todavía requiere una partida extraordinaria para concluir el actual ejercicio de 2021.

La petición de ampliación presupuestal fue remitida por la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Isabel Romero Cruz, al Congreso del Estado el pasado 19 de agosto.

De acuerdo con diputados locales, el dinero servirá para poder realizar las funciones jurisdiccionales, administrativas y operación de los juzgados laborales Es decir que en el poder autónomo prevalece un déficit que afecta directamente su funcionamiento.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, explicó que todavía falta el trámite legislativo y que el tema sea formalmente remitido por la LXV Legislatura al Gobierno de Veracruz.

Sin embargo, adelantó que no podrán otorgar dicho monto solicitado de 500 millones de pesos y añadió que apartar los recursos significa aplazar o cancelar proyectos en distintas dependencias estatales.

“Nosotros todavía estamos evaluando y ya en estos días tenemos que definir el monto de lo que se va a dar de la ampliación, pero te podría decir que va a ser menos de los 500 que están pidiendo. Seguimos revisando y yo creo que esta semana podríamos ya estar (…).

“Falta el proceso, el Congreso debe de turnar a la Comisión de presupuesto (Hacienda del Estado) y la comisión de presupuesto debe de pedirnos a la Secretaría de Finanzas la dictaminación y con base en ello va a regresar al Congreso para su aprobación o no aprobación”, aclaró el funcionario estatal.

Indicó que el dinero tiene que salir del mismo gasto corriente del Gobierno del Estado, por ello es necesario analizar los ajustes correspondientes y temas de operación en dependencias, aunque descartó que el dinero para la ampliación pueda salir de la nómina.

“No son temas de nómina, no afectarían la nómina de ningún trabajador del Estado, simplemente tendríamos que posponer o cancelar algunos programas que todavía están por ejercerse para el cierre del año, pero sí se tendrían esos recursos de la contención del gasto, es decir reducción al gasto corriente de dependencias”.

Agregó que todavía hay áreas del Gobierno estatal con disponibilidad presupuestal, es decir, que dentro de su calendario presupuestal todavía tienen recursos por ejercer.

“Entonces revisar qué programas se podrían ya cancelar o posponer y de ahí hacer la suma de todas las dependencias y hacer la ampliación (…). Tenemos que ajustar al Poder Ejecutivo para poder darle esta ampliación al Poder Judicial”, reconoció.

Respecto al presupuesto de dicho poder autónomo y la liquidez generada con los ajustes implementados por el Consejo de la Judicatura añadió que desconoce los números internos. Sin embargo, la petición de más presupuesto fue remitida después de que los magistrados acordaron los ajustes al interior del Consejo de la Judicatura

“Los números internos del Poder Judicial producto de sus esquemas de ahorro esos sí no los traemos, es un tema de ellos, es un tema más de apoyar de alguna forma a toda la política estatal por el tema de la contención del gasto”, apuntó.

Sobre este tema la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Adriana Paola Linares Capitanachi, declaró que la solicitud de ampliación presupuestal se analizará en la Junta de Trabajos Legislativos y en la Junta de Coordinación Política, pero ya fue turnada a la Comisión de Hacienda del Estado

“Estamos trabajando y aprovechando el tiempo que aún dura la Legislatura”, mencionó sobre este tema.

Cabe señalar que el 27 de julio la magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado, Isabel Romero Cruz, también solicitó al Congreso del Estado su autorización para modificar los contratos de Asociación Público Privada de las ciudades judiciales.

Se pudo corroborar que en algunos casos la actual presidenta plantea aumentar o incluso reducir los plazos de dichos contratos autorizados por la pasada LXIV Legislatura.

Ambas medidas fueron requeridas al pleno del Congreso local luego de que la propia magistrada presidenta confirmó un déficit de 500 millones de pesos para el presupuesto de 2021; de que se implementó el cierre de 29 juzgados en distintos distritos judiciales y de que se aplicaron descuentos voluntarios a las compensaciones de magistrados y altos funcionarios de la institución, entre otros recortes.