De acuerdo con una investigación hecha por el medio periodístico Animal Político, en la administración del gobernador Cuitláhuac García Jiménez también se crearon y contrataron empresas ‘fantasma’, como en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
Las coincidencias son que se les dieron diversos contratos a empresas que nada saben al respecto, en domicilios que son casas abandonadas y, sobre todo, que nunca ejecutaron las obras, pero sí cobraron el dinero.
El portal electrónico Animal Político menciona que entre 2020 y 2023, la administración del gobernador de Veracruz usó a beneficiarios de programas sociales para crear una red de empresas fantasma a las que se les otorgaron contratos millonarios en obras públicas sin que fueran realizadas.
Con los datos recabados refiere en la mayoría de los casos, los supuestos empresarios son jóvenes o adultos mayores que desconocían que las compañías que ayudaron a constituir recibían millones de pesos.
A decir de Animal Político, la administración de Cuitláhuac García en Veracruz copió el mismo mecanismo que, hace seis años, empleaba el priista Javier Duarte para desviar recursos públicos.
La forma de operar fue similar, es decir, se contactó a personas de escasos recursos y los engañaban para que firmaran los papeles necesarios que les permitan crear empresas ‘fantasma’; luego les dan contratos millonarios para obras de educación, salud e infraestructura y los recursos desaparecen, porque las obras no se hacen.
Esta irregularidad fue detectada en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), el Instituto de Espacios Educativos, el DIF estatal y la Secretaría de Salud a quienes fueron entregados contratos por más de 400 millones de pesos.
Todos los recursos entregados en estos contratos provienen de los recursos federales que entregan a los estados a través del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF), del Fondo para las Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos Regiones Marítimas.
Para esta investigación, Animal Político revisó los contratos entregados a empresas de nueva creación y a personas físicas, de 2018 a 2023. Luego, los integrantes de esas empresas fueron buscados en los padrones de beneficiarios de programas sociales y las coincidencias fueron confirmadas por su RFC, la edad que se registraba al momento de recibir el programa social y el municipio. Después se buscaron en las direcciones fiscales registradas y por teléfonos. Se entrevistó a los supuestos dueños y se confirmó que las obras nunca se realizaron.
Una de las empresas utilizadas es Grupo Especializado Ruta Boca, S. A. de C. V., que recibió 122 millones de pesos a través de 18 contratos firmados entre 2020 y 2023 con el Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, dirigido por Ricardo García Jiménez, y la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas de Veracruz, encabezada por Elio Hernández Gutiérrez. Entre los servicios supuestamente contratados está la construcción de baños en escuelas y poner piso firme en Medellín de Bravo, reconstruir la carpeta asfáltica en Coyutla, o instalar alumbrado público en Poza Rica.
Uno de los contratos más onerosos –el número SIOP-OP-PF-027/2023-DGCOP– firmado por el subsecretario de Obras Públicas y Comunicaciones, Jesús Enrique Trujeque Rivera, en junio de 2023, consistió en el pago de 24 millones 978 mil pesos para la “modernización con concreto hidráulico” en la localidad de Las Amapolas, en el municipio de Veracruz, que nunca se realizó.
Animal Político en este caso, del Grupo Especializado Ruta Boca está Juan, de 69 años, (a quien se le cambió el nombre para evitar represalias). A pesar de ser “dueño” de una empresa constructora vive de la pensión para Adultos Mayores y su casa no ha tenido mantenimiento en décadas, igual que el resto de esa colonia popular en Boca del Río.
Reconoce ser el “dueño” porque dos familiares de su nuera le pidieron el “favor” de crearla. En 2019 lo llevaron al SAT para que entregara su documentación oficial y firmara papeles. Después, dice, “tengo que ir periódicamente para renovar esa información. Me imagino que porque yo ya estoy grande para contratar”. Juan explicó que mantiene comunicación con la “contadora de la empresa”, y cada vez que se requiere firmar un documento pasa por él “un muchacho que se llama Gabriel Arana”. Este Arana efectivamente aparece como representante legal del grupo gracias a un poder que Juan, sin saberlo, firmó en septiembre de 2019, como se registró en un acta de la empresa consultada en el Registro Público de Comercio. Así como éste, Animal Político documenta otros casos más en algunas dependencias del Gobierno de Veracruz.
Por tal razón, buscó una postura por parte de la administración del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, pero como ha sido durante este sexenio, simplemente no dio respuesta.
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