Los diputados del Congreso de Veracruz aprobaron la intervención de la Tesorería del ayuntamiento de San Andrés Tuxtla por 2 años.
Lo anterior “a fin de garantizar el derecho a la buena administración pública”, según el dictamen aprobado por la mayoría este jueves, el cual fue criticado por diputados del PRI y el PAN.
Este jueves, durante la sesión ordinaria, los legisladores determinaron que se debe de supervisar y evaluar el gasto programado por el Ayuntamiento presidido por la morenista, María Elena Solana Calzada al encontrar diversas irregularidades.
Así, de conformidad con el artículo 61 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Veracruz, se instruye a la Secretaria General del Congreso para que, conforme a la estructura orgánica y administrativa, se designe el interventor.
La Comisión sustentó la intervención luego de que el 19 octubre consideró válido y urgente ordenar a la Secretaría de Fiscalización realizar actos de revisión a la administración municipal, al encontrarse “frente a un acto categorizado como grave”.
Everardo Domínguez Landa, Secretario de Fiscalización, reportó que, durante el requerimiento de información para iniciar una auditoría, la titular del órgano interno de control municipal, María Antonia Carmona Díaz, se negó a entregar la documentación y las constancias que la contenían.
“Habiendo esperado un término razonable para reunir las constancias que contuviera la información y cumplimentar con ello el primer requerimiento, se tuvo de nueva cuenta una respuesta negativa a entregarla, por lo que, a fin de continuar con el proceso de fiscalización, se realizó una vez más el requerimiento de la información (…)”
La Comisión reporta que hasta el momento perdura la respuesta negativa y una actitud contraria a la cooperación y la transparencia respecto a los datos requeridos.
“Tal conducta abona a los elementos que sugieren que el Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, se conduce con opacidad en el manejo de los recursos, el incumplimiento de obligaciones, opera con procesos irregulares y actos que afectan directamente los servicios que recibe la población”, señala el punto de acuerdo.
Igualmente, la Comisión de Vigilancia reporta que derivado de las indagatorias realizadas durante el inicio de los actos de fiscalización, se encontró que el actual director de obras públicas no cumple con los requisitos establecidos por la Ley Orgánica del Municipio Libre para ocupar el cargo.
Ello significa que la titular del órgano interno de control municipal incumplió con su labor, al no verificar el cumplimiento de la Ley.
“Por ello, dadas las circunstancias, la situación actual, al persistir el problema y agravarse aún más el riesgo existente sobre un daño patrimonial de imposible reparación, así como una afectación al presupuesto y a la esfera pública y social del Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, es que se considera prudente, necesario y urgente hacer uso de las atribuciones establecidas en el artículo 61 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, a efecto de que se designe un interventor a la tesorería municipal del Ayuntamiento”.
Ante la omisión en el cumplimiento de obligaciones, el ocultamiento de la información y los plazos establecidos se terminó que la intervención debe ser por dos años a partir de que la persona nombrada para dicha tarea se establezca formal y materialmente en dicho municipio.
La medida fue criticada por diputados de la oposición, quienes consideraron que se está violentando la Ley Orgánica del Municipio Libre.
El diputado del PRI, Marlon Ramírez Marín, pidió retirar el dictamen del orden del día y acusó que la Comisión de Vigilancia y la Secretaría General del Congreso no cumplieron con el trámite legislativo.
“Que se retire este dictamen, que se perfeccione; ¿intervenir 2 años un Ayuntamiento? La Ley de Fiscalización habla de uno. ¿Quién va a rendir la cuenta pública?, cuestionó el legislador.
Por su parte, el diputado del PAN, Miguel David Hermida Copado, acusó que el dictamen “fue pasado” a firma sin sesión de la Comisión de Vigilancia.
Alertó que el dictamen se basa en sugerencias, lo que genera incertidumbre al intervenir una tesorería municipal.
“Quizá la Comisión de Vigilancia tenga razón, pero que robustezcan este dictamen; no podemos llegar con 6 fojas a intervenir una tesorería. “Y que conste que aquí es Kramer vs. Kramer, porque es MORENA versus MORENA; no estoy defendiendo a ningún ayuntamiento de la oposición”.
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