Congreso de Veracruz trabaja en reforma para dar autonomía a ayuntamientos

Este domingo 22 de diciembre se dio a conocer que el Congreso de Veracruz trabaja actualmente en aprobar una reforma de la Constitución Estatal que ordena fortalecer la autonomía de los 212 municipios del estado, esto para cumplir una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Esta reforma a la Constitución dará la libertad a los ayuntamientos municipales manejar y administrar sus bienes sin la previa autorización del Poder Legislativo.

El diputado morenista, Paul Martínez Marie, confirmó que esta reforma implica reforzar la fiscalización a los municipios.

"Somos respetuosos de la Corte, debemos ajustar la ley en el estado y vamos a poner vigilancia (...). Definitivamente hay que poner mucha vigilancia; los números de presunto daño patrimonial siguen siendo altos a pesar de la capacitación y de que está uno como filtro", declaró el legislador.

Aumentará vigilancia en uso de los recursos de los municipios

El morenista, presidente de la Comisión de Hacienda Municipal e integrante de la Comisión de Vigilancia, enfatizó la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión de los recursos asignados a los 212 municipios del Estado de Veracruz.

"Seguiremos siendo una instancia vigilante; imagínense que se les diga que pueden hacer lo que quieran y ya no tienen que pasar por un ente verificador", añadió.

La reforma permitirá que los municipios concesionen servicios públicos si cuentan con la aprobación de las dos terceras partes de los integrantes de sus respectivos Cabildos.

Esto se alinea con la resolución de la SCJN, que en mayo determinó que el Congreso local había incumplido con su deber de adecuar la legislación estatal para garantizar la autonomía municipal. Esta obligación surge de la reforma al artículo 115 de la Constitución Federal, promulgada en diciembre de 1999.

El dictamen de la reforma se encuentra en análisis dentro de la Comisión de Gobernación, y el debate incluye la implementación de medidas adicionales de vigilancia para evitar posibles irregularidades en la asignación de contratos y concesiones. 

La medida busca garantizar un equilibrio entre la autonomía municipal y la rendición de cuentas.