Este miércoles en el Congreso del Estado se completó la etapa de entrevistas a aspirantes a la Fiscalía General ante la Junta de Coordinación Política (JUCOPO).
Durante la jornada se insistió en que es urgente el combate a la corrupción y mejorar la capacidad de los fiscales de Veracruz para mejorar la impartición de justicia.
El aspirante Ramiro Ramírez Reyes criticó la labor de fiscales en casos de delitos de alto impacto y su falta de capacitación y la lejanía en estos asuntos.
Ejemplo de lo anterior, en su opinión, quedó en evidencia con las masacres de la palapa La Potra de Minatitlán y del bar Caballo Blanco, en Coatzacoalcos: “¿Ustedes vieron un fiscal ahí trabajando en esos asuntos tan delicados? (…), tiene que haber un fiscal cercano a la gente y que brinde confianza”, planteó.
Alejandro Lagunes Toral aseguró que el nuevo sistema de justicia penal significó un avance, sin embargo, el Ministerio Público sigue estando a merced de la corrupción, fallas en peritajes, tal es el caso de la llamada cooperación “para las copias”, aun cuando la propia Constitución establece la gratuidad de tales reproducciones.
“Desde ahí empieza ese tema de corrupción y el poder del ministerio público ocasiona en ocasiones en venderse al mejor postor (…) y más cuando se integra a la delincuencia organizada”, planteó.
Gerardo Escobedo García aseguró que uno de los principales problemas en la Fiscalía son las carpetas mal integradas, ya que carecen de metodología. Consideró que falta desarrollo profesional y combatir la corrupción entre fiscales y el personal del organismo.
Subrayó que es urgente que la Fiscalía comience a generar inteligencia en el seguimiento de casos, tal como ocurre en Latinoamérica y Europa, especialmente en temas como desaparición forzada o desapariciones.
Cuestionado por integrantes de la Junta de Coordinación Política sobre el tema del feminicidio, el aspirante José Martín Rivera Martínez señaló que se debe hacer una estructuración entre el personal del organismo para asignarlos en áreas en que estén especializados.
Consideró que es urgente reforzar las unidades de atención temprana, para resolver controversias antes de llegar a un proceso judicial y coordinar de mejor manera la atención a delitos según su gravedad.
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