La Suprema Corte de Justicia de la Nación le llamó la atención al Congreso del Estado y a la Secretaría de Fiscalización por no acatar su resolución, de no enviar a ningún interventor a revisar y disponer de la Tesorería del Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla.
A pesar que desde el 11 de noviembre del año pasado dicho ayuntamiento consiguió la protección de la justicia federal, al Congreso de Veracruz no le importó y a través de la Secretaría de Legislación envió a un interventor a San Andrés Tuxtla,
Frente a esta situación, las autoridades municipales interpusieron un recurso de queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cual fue resuelto, y que no sólo frena la intervención de la Tesorería, sino que además advierte al Congreso que de no cumplir serán sancionados por el incumplimiento.
De acuerdo con la controversia constitucional 248/2022, se protege al ayuntamiento de San Andrés Tuxtla contra el acuerdo hecho por el Congreso de Veracruz, en el cual se ordenaba mandar un interventor para fiscalizar la Tesorería Municipal.
Aunado a ello revisaría la lista de proveedores del municipio y los adeudos a impuestos federales, así conocer la nómina del Ayuntamiento como del DIF Municipal.
Ante tal situación, fue que el Cabildo presentó la controversia constitucional, que le brindó de manera momentánea la protección de la justicia a San Andrés Tuxtla desde el 2022; sin embargo, el Congreso pasó por encima y en los primeros días de enero envió a personal a intervenir la Tesorería.
Este hecho fue denunciado ante la SCJN media un recurso de queja que atendieron de inmediato los ministros, otorgando un nuevo falló a favor del ayuntamiento y ordenando al Congreso no continuar con los actos de revisión, y advirtiéndole que "a la siguiente habrá consecuencias" como multas y sanciones.
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