Café jarocho

La decisión del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) de retirar la candidatura de Celestino Rivera Hernández a la alcaldía de Tempoal, aunque tardía, representa un acto de madurez política que merece ser reconocido. En un contexto donde la clase política suele cerrarse ante los señalamientos ciudadanos, rectificar a tiempo y postular a una nueva aspirante como Miriam Cruz González demuestra que aún es posible escuchar y corregir. No se trató de una concesión gratuita, sino de una respuesta —necesaria— a una demanda legítima.

Las colectivas feministas jugaron un papel central en esta historia. Fueron ellas, como en tantas otras ocasiones, quienes alzaron la voz para evidenciar lo que parecía pasar desapercibido: que un hombre acusado de pederastia en el pasado no podía ni debía contender por un cargo de representación popular. Su denuncia fue firme, documentada y oportuna. Gracias a ese activismo vigilante, hoy Tempoal no tiene como candidato a alguien con ese historial.

El PVEM, aunque no emitió una postura pública ni ofreció explicación alguna, actuó en consecuencia. Y eso, en la política mexicana, no es poca cosa. En un escenario polarizado donde muchas veces se protege más la imagen partidista que el bienestar social, ceder ante la presión ciudadana y retirar una candidatura controversial puede interpretarse como debilidad. Pero aquí, por el contrario, fue un acto de responsabilidad institucional.

La política también se mide por la capacidad de reconocer errores. Si bien es reprobable que la postulación de Rivera Hernández haya sido siquiera considerada, el hecho de haberla revertido en el margen legal permitido habla de un compromiso mínimo con la ética pública. Es un paso pequeño, pero significativo, hacia una democracia más limpia, donde las candidaturas no estén marcadas por antecedentes de violencia o abuso.

Este episodio deja una lección clara: la vigilancia ciudadana sí funciona, y los partidos pueden y deben reaccionar ante ella. Pero también nos recuerda que hace falta fortalecer los filtros internos de selección de candidatos. La presión social no debería ser el único mecanismo de corrección. A partir de hoy, el reto para todos los partidos es actuar con más responsabilidad desde el inicio y no esperar a que sea la sociedad quien les marque el camino.

Candidaturas entre amenazas y presiones partidistas

La decisión de Crispín Hernández de inscribirse finalmente como candidato del Partido del Trabajo (PT) a la alcaldía de Mixtla de Altamirano revela la compleja y muchas veces peligrosa realidad política que se vive en algunas regiones de Veracruz. Luego de haber anunciado su renuncia por amenazas en su contra, su registro no parece responder a un acto de convicción, sino más bien a la presión de su partido. Este no es un triunfo democrático, sino una muestra más de cómo la seguridad y la voluntad personal quedan supeditadas a los intereses políticos.

En lugar de garantizar condiciones para una participación libre y segura, el entorno obliga a los aspirantes a tomar decisiones bajo amenaza o por compromiso partidario. No puede hablarse de una contienda justa cuando los candidatos temen por su vida, y mucho menos cuando se sienten forzados a participar a pesar de sus reservas. La democracia no se mide solo por el número de candidatos registrados, sino por cuántos de ellos pueden realmente ejercer su derecho a competir sin miedo.

El caso de Hernández también exhibe la responsabilidad que tienen los partidos políticos de cuidar a sus abanderados. Insistir en registrar a una persona que públicamente manifestó sentirse insegura es una apuesta riesgosa, no solo para la integridad del candidato, sino para la credibilidad de todo el proceso electoral. La dirigencia del PT debe asumir el costo de esta decisión, y más aún si en los próximos días Hernández decide, como es probable, abandonar la contienda por falta de garantías.

No es nuevo que Mixtla de Altamirano y otros municipios serranos de Veracruz sean zonas de alta conflictividad política. La historia reciente del municipio está marcada por hechos violentos y una lucha de poder que ha cobrado vidas. En ese contexto, exigir que un ciudadano se postule, sin brindarle protección real, no solo es irresponsable, sino profundamente inhumano.