Una nueva forma de extorsión denunció el líder nacional de transportistas de la organización denominada AMOTAC, al acusar que cada camión de carga que ingresa a la ciudad debe pagarle a Tránsito Municipal la nada despreciable cantidad de 300 pesos.
Algunos porque no tienen sus papeles en regla, otros por otras razones, pero la mayoría de los transportistas que tienen que entrar a la zona portuaria y cruzar por la ciudad, porque no tienen otra alternativa, deben "entrarle a belén cantando".
En mayo del año pasado, el Día del Trabajo, durante la conmemoración del mismo, en la macroplaza del puerto de Veracruz integrantes de los taxistas de SERTACAVER le reclamaron a la alcaldesa de Veracruz, Patricia Lobeira, la falta de atención ante problemas como luz, baches y seguridad.
Juan Manuel Araujo, acompañado de cientos de trabajadores del volante y frente a la presidenta municipal reprochó que no le hubieran concedido una reunión que el síndico los ignoró totalmente para exponerles la problemática.
En esa demanda también se hizo incapié en la que además de la falta de seguridad municipal, a cambio, se protegen a los elementos de tránsito municipal cuando hacen operativos para extorsionar a los conductores.
Y los taxistas son clientes asiduos de la autoridad vial. El discurso incomodó evidentemente a la presidenta que en mucho fue notorio, no pudo esconder su molestia ni la incapacidad para responder a los planteamientos.
Algo ocurrió que los taxistas dejaron el tema por la paz, y no volvieron a manifestar su inconformidad a pesar de que los operativos de tránsito, retenes en el norte de la ciudad y en cualquier parte de la misma, se acrecentaron.
A esto se refirió el líder de la Amotac, Valentín Romero Trujillo quien encabezó la manifestación para hacerse escuchar ante las indolentes autoridades municipales. Por ello incluso, decidieron plantar sus unidades en pleno centro de la ciudad, y frente al palacio municipal, sin que ninguna autoridad los detuviera.
Durante estos hechos Romero Trujillo se lanzó contra los abusos y arbitrariedades de la corporación de tránsito. Y es que asegura que cuando entran los camioneros les piden hasta el acta de defunción por decir, para que algún documento que no se traiga consigo, o el que se les ocurrió solicitar en ese momento, sea la causa de una infracción.
Obviamente, el no aplicar la infracción respectiva se traduce en la aportación involuntaria por parte de los conductores de 300 pesos o más para que puedan seguir trabajando, muchos de ellos al salir o entrar al recinto portuario. Otros que tienen que trasladar la carga a empresas y tiendas de autoservicio dentro de la ciudad.
"Queremos libre tránsito, que nos dejen descargar materias primas en el municipio. Se solicitó la reunión desde inicios de enero, pero no nos dieron respuesta".
Esto confirma una vez más que existe un desinterés total de las autoridades municipales por atender este problema del que los ciudadanos que no están organizados, los conductores del día a día, son las víctimas o presa fácil de la voracidad de este departamento del Ayuntamiento que dirige el gobierno panista.
En sus protestas, sumaron pancartas de reclamo con leyendas como "Alcaldesa Patricia Lobeira, basta de los abusos de tránsito" y "Tránsito de Veracruz, no nos deja trabajar", entre otras.
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