AL PIE DE LA LETRA: JUSTICIA VERACRUZANA, AL MEJOR POSTOR

El caso del empresario de la región de Córdoba, Joaquín Rodríguez Fernández, defraudado por su hermano Manuel Rodríguez Fernández y sus hijas Celia María e Isabel Rodríguez Valcárcel –quienes han buscado el encubrimiento de la justicia veracruzana a pesar de las pruebas con las que se cuentan del daño causado en un fraude genérico y fraude procesal por más de 40 millones de pesos–, está tomando un nuevo giro.

Según diversas fuentes consultadas, además del proceso penal 97/2023 por los delitos mencionados, se ha abierto una línea de investigación en contra de este empresario y sus hijas por presunto lavado de dinero a través de una empresa arrocera que vendieron y cuyo monto de operación financiero fue maquillado para evadir al fisco, por lo que la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria ya se encuentran investigando el caso para hacer valer la ley que en Veracruz ha sido muy complaciente y dilatoria.

Apenas el 12 de septiembre pasado, en el Juzgado de Procesos Penales del puerto de Veracruz, se llevó a cabo una audiencia de imputación que duró más de 20 horas, en contra de Manuel Rodríguez Fernández y sus hijas por los delitos de fraude genérico y fraude procesal, cometidos en agravio de Joaquín Rodríguez Fernández y en contra de la fe pública y administración de justicia.

En la exhaustiva audiencia, la juez Ana Xitlalic García Espinoza determinó que los acusados tendrán que acudir a firmar los primeros cinco días de cada mes a la Unidad Estatal de Supervisión a Medidas Cautelares y Supervisión Condicional de Proceso. Además, impuso una fianza de 300 mil pesos a cada uno de los acusados.

Con estas medidas, los defraudadores se encuentran ya vigilados, pero podría dictárseles “prisión justificada” si no se presentan a firmar en las fechas indicadas al inicio de cada mes. Sin embargo, por su nacionalidad española, los acusados podrían abandonar el país para evadir la justicia, lo que seguiría dejando mal paradas a las autoridades ministeriales.

El agraviado espera que la Fiscalía actúe con más severidad, pues estos personajes de origen español han defraudado también a varias personas en la región de Córdoba donde tienen una empresa de transportes y sorprenden a algunas personalidades de la zona donde poseían una arrocera que presuntamente Manuel Rodríguez utilizó para lavar dinero y evadir al fisco, tal y como se consigna en la investigación que pronto saldrá a la luz.

En el legajo judicial de 117 páginas ha quedado claro para los juzgadores la maraña que el empresario de origen español y sus hijas elaboraron para defraudar a su propio familiar, hecho que inició el 29 de mayo de 2015 en las instalaciones de la empresa Materiales de Aceros Tucanes S.A. de C.V., del puerto de Veracruz. Hubo documentos firmados que han sido clave para desenmarañar este fraude.

Estos delitos están muy bien tipificados y sancionados en los artículos 216, 217, 333 y 337 del Código Penal veracruzano. En este último artículo, se precisa que quien simule actos jurídicos y cualquier elemento de pruebas para obtener una resolución judicial o administrativa de la que derive el perjuicio de alguien o un beneficio indebido se le impondrán de seis meses a 5 años de prisión y multa de hasta 40 días de salario. Sin embargo, la justicia veracruzana ha sido muy complaciente con este empresario defraudador y sus hijas.