Los adeudos presupuestales de millonarias sumas de dinero a la Universidad Veracruzana (UV) de parte de los cuatro últimos gobiernos estatales son cuantiosos, ello sin tomar en cuenta los pagos al fisco que no hicieron, pero que sí los descontaron a los trabajadores universitarios.
Hasta hoy, ninguno de los rectores involucrados –Raúl Arias Lovillo y Martín Aguilar Sánchez– han exigido con decisión al gobernador que les tocó en turno el pago de lo que por ley le corresponde presupuestalmente a la UV. Sólo la rectora Sara Ladrón de Guevara marchó al lado de los universitarios, y eso porque el gobernador Javier Duarte ya casi era un cadáver político.
El actual rector, hombre de izquierda laica, al ser nombrado visitó inmediatamente a Cuitláhuac García, el primer gobernador morenista, pero se topó con que el presupuesto legal para la UV fue recortado por decisión de quien, se suponía, era un compañero universitario y de lucha izquierdista.
Y antes que proceder con la ley en la mano contra el mandatario por violación a la Constitución Política de Veracruz y quedarse con recursos económicos de su Alma Mater, el rector instruyó a las áreas de la UV para hacer mítines culturales en vez de marchar con dignidad y exigir justicia como antaño.
Pero el atropello a las tareas sustantivas de la UV por parte del gobernador ha sido capoteado por un dócil rector que se resiste a reclamar lo que por derecho les corresponde.
Todo lo anterior redunda hoy en los recortes de dinero al servicio médico para los trabajadores universitarios, hecho que viene incrementando la inconformidad, aún soterrada, del personal académico, misma que puede aflorar y afectar la reelección a modo del rector.
En la zona Xalapa, ciertamente, las afectaciones al servicio médico no alcanzan las penosas circunstancias de las otras cuatro regiones, pero también existen. Faltan especialistas –no hay neurólogos en ninguna región, por ejemplo– y los que hay tardan en otorgar citas a los derechohabientes de la UV; y aunque existen quejas, las autoridades no les exigen cumplir. Cuenta un profesor que una mañana de martes solicitó cita con un especialista, el cual se la agendó para ese mismo día en la tarde al suponer que era un paciente particular; pero cuando le aclaró que era de la Universidad, se la dio para dos semanas después y en un horario de 18 a 20 horas, cuando él tenía clase.
Respecto a las incapacidades médicas al personal que acude a consulta, sólo se conceden en casos de extrema y manifiesta incapacidad del paciente a simple vista o por ser un foco contagioso evidente. Esto, porque todo el personal médico responsable de la salud de los trabajadores universitarios padece la presión de las autoridades para reducir al mínimo los egresos, afectando en ocasiones, paradójicamente, de manera negativa al presupuesto, porque los enfermos requieren a posteriori servicios de urgencias y hospitalización. Dicha situación es ingrata para ambas partes, pues afecta tanto a los médicos como a los pacientes.
En el caso de quienes acuden a urgencias, los médicos de guardia los atienden de manera inmediatista. Contienen los síntomas y se niegan a llamar, por instrucciones de las coordinaciones médicas de la UV, a los especialistas que requieran los enfermos, exceptuando “casos de extrema gravedad”; los dan de alta y con esto evitan dejarlos en observación. Se trata de evitar el pago de hospitalización y honorarios del médico con la especialidad que el paciente en turno necesita.
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