Agenda Ambiental: El rancho Aribabi

Reconocido como Área Natural Protegida y ubicado en Ímuris, Sonora, el Rancho “El Aribabi”, se enfrenta a una amenaza que comenzó con la tala de árboles sin consultar a la comunidad o cumplir con las normas de impacto ambiental, para instalar vías férreas en la zona, por un proyecto del Gobierno Federal (SEDE-NA), el cual ha generado una gran preocupación entre los pobladores y especialistas, quienes alertan sobre los riesgos para el medioambiente, la distribución del agua y la migración de diversas especies animales.

El área se destaca por ser un lugar único en la naturaleza de Sonora, se ubica en el municipio de Ímuris, sobre la carretera federal hacia Cananea, entre las sierras Azul y El Pinito, y atraviesa el Río Cocóspera, conocido por tener el agua más limpia en todo el estado y donde se han registrado al menos 200 especies de aves, casi 40 reptiles y 30 especies de fauna protegidas por la Norma Oficial Mexicana 059 de especies en peligro de extinción de la Semarnat. Además, el lugar sirve como refugio para muchas otras especies.

La vía ferroviaria que cruzará buena parte de Sonora para unir a Nogales con Guaymas y que tiene en vilo a varias comunidades por el impacto social y medio ambiental que causará, sigue su curso; el gobierno estatal llama a la mesura y garantiza que todo se hará bajo estricto cuidado.

La construcción, a manos del Ejército, ya está en marcha, solo se sabe que oficiales militares viajaron a Ia zona para iniciar el proyecto, desde entonces no ha habido ninguna comunicación oficial, ningún plan, consulta o evaluación ambiental; el proyecto no se menciona en ningún sitio web del gobierno estatal o federal, ni en los planes de desarrollo del estado de Sonora.

En un reportaje de la agencia “The Associated Press” se expone que las autoridades, tanto estatales como federales, han sido opacas en el desarrollo del proyecto, redireccionando solicitudes de información entre sus dependencias, sin informar de manera clara y puntual los detalles y alcances del plan de infraestructu-ra.

Por tratarse de una obra de carácter estratégico y ante las impugnaciones judiciales y las críticas, el manda-tario mexicano aprobó una regulación para que los proyectos de importancia para la “seguridad nacional” no tengan que presentar una declaración de impacto ambiental hasta un año después de iniciada su cons-trucción.

Los habitantes del municipio de Ímuris, donde las vías atravesarían aproximadamente 200 propiedades, se enteraron del proyecto por un programa de radio. Según el Ejército, el proyecto debe estar finalizado antes de que se termine la actual administración en 2024.

El proyecto afectaría al Valle del río Cocóspera, una fuente de agua clave para las comunidades locales y un importante corredor migratorio de norte a sur para especies amenazadas como jaguares y ocelotes.

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